En Argentina todos somos empleados públicos

En la Argentina, país de estructura productiva poco convencional, todas las personas de la Población Económicamente Activa (PEA) son empleados públicos. Algunos lo son de manera directa, esto es, poseen relación laboral de dependencia (en el sentido amplio del término) con el estado y el gobierno.

Otros, viven de suculentos subsidios, directos o encubiertos, que les permiten sostener estructuras productivas no competitivas, financiadas por el conjunto de la población. Hablo de la mayor parte del empresariado industrial, aquel que alienta devaluaciones cada vez que el tipo de cambio le muestra su incompetencia.

Tenemos además los clientes políticos más desfavorecidos, aquellos que viven o subsisten de las migajas que les acercan las políticas sociales. Al estar formuladas a contramano de las tendencias mundiales, estas políticas sociales no hacen más que crear bolsones de clientes. "Planes sociales", cajas de comida y toda otra práctica política tendiente a conferirles dignidad cero son la contrapartida para la prestación de servicios de movilización.

Estos grupos son los más evidentes, los que tienen relación más directa con el "Sistema Nacional de Clientelismo Gubernamental", algo que definitivamente puede considerarse com la única "política de estado nacional". Pero no son los únicos.

Al desplegarse un "modelo" como el que conocemos, no hay manera de que el resto de las actividades económicas puedan ubicarse por fuera de esto. Los médicos (cuando no son empleados del sistema nacional de salud) viven del sistema de obras sociales y seguros de salud, subsectores altamente ineficientes que finalmente banca el estado. Los abogados, al no existir un espacio real para dedicarse a asesorar en cómo crear negocios y riqueza, deben orientar sus profesiones al litigio de lo que sea. Los contadores igualmente sirven para intentar desentrañar la galleta creada por un sistema impositivo complejísimo.

Los comerciantes cambian por dinero los productos que el tipo de cambio del momento habilita, los investigadores quieren estar en el conicet o las universidades del estado, los publicitarios y productores de medios viven de la pauta oficial o de pautas privadas que solo pueden existir en la bonanza financiera que asegura el no tener necesidad de ser competitivo.

La lista puede seguir hasta el final. Todos son receptores directos e indirectos de supuestos beneficios públicos derivados de una cultura reactiva al espíritu emprendedor. El rol del estado, entonces, es el de bancar un sistema improductivo, generando incentivos para sostener esa ficticia realidad. Se crea así un círculo vicioso con amplias capacidades de reproducción y difusión. Este modelo crece hasta la realización de una crisis, destino seguro de esta forma de entender el mundo y deseo social profundo que asegura la reposición de incentivos cada vez más alejados de las bases para el desarrollo.